Si la Fiscalía demuestra que un grupo de militares participó en la masacre de San José de Apartadó, el gobierno tendrá que enfrentar el caso más grave de violación de derechos humanos. El Ejército acusa a las Farc, y en el Congreso de Estados Unidos peligran los fondos del Plan Colombia.
Hace dos años una masacre estremeció a Colombia. Dos familias que hacían parte de la comunidad de paz de San José de Apartadó fueron cruelmente asesinadas. Luis Eduardo Guerra y su esposa Beyanira Aleiza fueron muertos a machetazos. Al lado de sus cadáveres, yacía el de Deyner Andrés, hijo de Guerra, de 11 años, cuyo cuerpo fue decapitado. Los cadáveres quedaron tendidos al lado de un río en la vereda Mulatos, expuestos a los animales de carroña. Mientras tanto, en una vereda contigua, La Resbalosa, otra familia era aniquilada. Alfonso Bolívar Tuberquia, su esposa Sandra Milena Muñoz, y sus hijos Natalia, de 5 años, y Santiago, de 2 añitos, así como Alejandro Pérez, jornalero de la finca, fueron asesinados. Los criminales los enterraron a todos en una fosa común, después de haber mutilado sus extremidades.
La matanza ocurrió a pocos kilómetros del lugar donde estaban las tropas del Ejército que habían llegado hasta allí para proteger a la población civil. Las mismas que ahora son sospechosas del horrendo crimen.>>>>>
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